Un proyecto legislativo presentado en la Ciudad de México el 8 de febrero de 2026 por el diputado Ricardo Mejía Berdeja del Partido del Trabajo (PT) busca reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor. La iniciativa pretende evitar que los negocios cobren a los consumidores por bolsas y otros materiales de empaque utilizados en la compra de bienes y servicios, obligando a los proveedores comerciales a absorber estos costos, siempre que los materiales cumplan con regulaciones ambientales. Esta medida busca alinear la protección del consumidor con políticas ambientales y evitar que la carga financiera de las transiciones ecológicas recaiga en los consumidores.
El núcleo de la reforma propuesta radica en la prohibición de cobros directos o indirectos por bolsas de entrega u otro empaque. Además, se impediría a los comerciantes condicionar la venta de bienes o servicios a la compra de estos materiales. Tales prácticas, de ser aprobadas, se clasificarían como prácticas comerciales abusivas, sujetas a las sanciones existentes en la legislación de protección al consumidor. La iniciativa ha sido remitida a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su revisión, con la propuesta de agregar el Artículo 7 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La propuesta del diputado Mejía Berdeja se fundamenta en un contexto ambiental global marcado por un consumo significativo de plástico. Datos de las Naciones Unidas destacan la magnitud del problema: se estima que se compran un millón de botellas de plástico globalmente cada minuto y se utilizan aproximadamente 500 mil millones de bolsas anualmente. Las repercusiones ambientales son graves, incluyendo que aproximadamente un tercio de los contenedores de plástico escapa de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y ocho millones de toneladas de residuos plásticos ingresan a los océanos cada año. En México, se reporta que la familia promedio utiliza alrededor de 650 bolsas anualmente, contribuyendo a una tendencia nacional que ha visto que al menos 20 estados implementen prohibiciones sobre diversos productos plásticos de un solo uso desde 2018.
Sin embargo, la implementación de estas restricciones de bolsas plásticas ha creado inadvertidamente un nuevo desafío financiero para los consumidores. Tras las prohibiciones de bolsas plásticas de un solo uso, muchos negocios comenzaron a cobrar por opciones alternativas como bolsas biodegradables, compostables o de tela. Este cambio, aunque motivado ambientalmente, transformó una medida de sostenibilidad en una fuente de ingresos para algunos establecimientos y en un gasto adicional para los consumidores. El diputado Mejía Berdeja argumenta que este resultado, si bien aborda preocupaciones ambientales, impone una carga de costos indebida en los consumidores, contradiciendo principios de equidad y trato comercial justo.
El argumento conceptual del legislador sostiene que los materiales de empaque son una parte intrínseca del servicio de venta, no un producto separado. Bajo esta perspectiva, los costos asociados con proporcionar bolsas o contenedores para transportar artículos comprados son inherentemente parte de los gastos operacionales de un proveedor, que luego se incorporan en el precio final de venta de bienes y servicios. Esta visión enmarca los costos de empaque como un componente estándar de la estructura de costo-beneficio en transacciones comerciales.
La iniciativa busca fomentar mayor consistencia entre las políticas de protección al consumidor y ambientales de México. Al requerir que los proveedores absorban los costos de empaque, la propuesta pretende garantizar que las implicaciones financieras de la transición hacia prácticas más sostenibles no recaigan en los consumidores finales. En cambio, la responsabilidad recaería en los negocios que se benefician de actividades comerciales. Este enfoque intenta equilibrar la administración ambiental con los derechos del consumidor, asegurando que el cambio hacia la sostenibilidad no genere presión financiera adicional en los individuos mientras se mantienen incentivos para que los negocios adopten materiales y prácticas ecológicas. La propuesta refleja un esfuerzo legislativo más amplio para gestionar patrones de consumo de plástico mientras se protegen los intereses del consumidor en el mercado mexicano.
La legislación propuesta aborda directamente el tema del cobro por empaque, estableciendo que “en ningún caso podrán hacerse cobros directos o indirectos por la entrega de dichas bolsas, ni podrá condicionarse la venta” tallapolitica.com.mx. Esta disposición busca prevenir que la carga financiera del cumplimiento de regulaciones ambientales se traslade a los consumidores.
La remisión de la iniciativa a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad marca el siguiente paso en el proceso legislativo. Esta comisión probablemente examinará las implicaciones económicas y la viabilidad práctica de la propuesta, incluyendo cómo los negocios podrían absorber estos costos y el impacto potencial en estrategias de precios. La adición del Artículo 7 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor formalizaría estas nuevas regulaciones en el marco legal que rige las prácticas comerciales en México.
Los datos ambientales citados por el diputado Mejía Berdeja subrayan la urgencia de abordar los residuos plásticos. El volumen de plásticos de un solo uso generados globalmente y el problema persistente de la contaminación plástica en océanos y sistemas de aguas residuales destacan la necesidad de soluciones integrales. Aunque México ha avanzado en la restricción de ciertos plásticos de un solo uso, la consecuencia no prevista de cobrar por alternativas demuestra la complejidad de implementar políticas ambientales efectivas sin crear nuevas barreras económicas para los ciudadanos.
El enfoque conceptual del empaque como parte integral del servicio de venta cuestiona la práctica actual de desglosar estos costos para los consumidores. Si tiene éxito, la iniciativa podría llevar a una recalibración de cómo los negocios contabilizan y presentan sus costos, con gastos de empaque siendo completamente integrados en el precio del producto en lugar de ser un cargo adicional. Esto se alinea con el principio de que el costo de hacer negocios, incluyendo la provisión de materiales necesarios para la entrega de productos, debe ser asumido por el negocio mismo.
En última instancia, la propuesta del diputado Mejía Berdeja representa un esfuerzo por armonizar la actividad económica con la responsabilidad ambiental. Al trasladar el costo del empaque conforme a regulaciones de los consumidores a los proveedores, la iniciativa busca garantizar que la transición hacia una economía más sostenible sea equitativa y no afecte desproporcionadamente el poder adquisitivo de los hogares mexicanos. Pretende crear un sistema donde el cumplimiento ambiental sea un costo de hacer negocios, incentivando a los proveedores a adoptar prácticas sostenibles sin penalizar a los consumidores por sus compras.
Fuentes
- https://www.tallapolitica.com.mx/plantean-que-proveedores-de-bienes-y-servicios-absorban-el-costo-de-bolsas-de-acarreo-u-otros-medios-de-empaque/
