El gobierno federal mexicano adjudicó silenciosamente un contrato por 346 millones de pesos a Minsa Comercial S.A. de C.V., empresa vinculada con la empresaria Altagracia Gómez, para moler y empacar harina de maíz nixtamalizado destinada al programa social “Maíz para Todos” entre marzo y diciembre de 2025, justo cuando productores de maíz bloquean carreteras exigiendo precios más altos en la compuerta de la granja.
En documentos divulgados por el periodista Jorge García Orozco y reportados por Emeequis, la agencia federal de distribución de alimentos Diconsa otorgó el contrato mediante adjudicación directa, omitiendo el proceso de licitación competitiva argumentando “urgencia operativa”. El beneficiario, Minsa, pertenece al grupo empresarial de Gómez, quien preside el Consejo Asesor Empresarial de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
La magnitud del contrato y la prominencia política de su beneficiaria intensifican el escrutinio sobre las prácticas de compras públicas en un momento en que el descontento rural alcanza puntos críticos. Mientras Minsa asegura un mercado garantizado para grano procesado, agricultores pequeños y medianos afirman estar obligados a vender maíz crudo a 4 o 5 pesos por kilogramo, muy por debajo de su referencia de 7,200 pesos por tonelada para cubrir costos.
Una promesa de 346 millones de pesos
Conforme al contrato valuado en 346 millones 175 mil 400 pesos, Minsa debe transformar el maíz a granel comprado por Diconsa en harina, transportarlo y empacarlo para su distribución en más de 2,000 tiendas comunitarias. La empresa depositó una garantía de desempeño del 10 por ciento —aproximadamente 34.6 millones de pesos— para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones, y cobrará 3,962 pesos por cada unidad molida más 249.90 pesos por empaque, según muestran los documentos.
Múltiples medios confirmaron el arreglo el 26 de noviembre de 2025. Politico.mx reportó que Diconsa colocó la orden sin abrirla a oferentes rivales. La publicación empresarial El CEO precisó la cifra exacta del contrato y destacó el doble rol de Gómez como empresaria privada e influyente asesora de política pública. Mientras tanto, El Congresista resaltó el tiempo de la adjudicación directa en medio de las movilizaciones campesinas.
Quién es Altagracia Gómez
Gómez, de 36 años, lidera el Grupo Minsa y preside el recién formado Consejo Asesor Empresarial de Sheinbaum. En esa capacidad asesora ha ayudado a diseñar estrategias orientadas a fortalecer las cadenas de suministro nacionales y reducir los precios de alimentos para el consumidor. Los críticos señalan que su proximidad a quienes toman decisiones corre el riesgo de difuminar la línea entre política pública y ganancia privada; los simpatizantes sostienen que su experiencia en agronegocios la convierte en un activo para los esfuerzos de seguridad alimentaria.
Dentro del programa “Maíz para Todos”
Lanzado en 2019 y expandido bajo la administración Sheinbaum, “Maíz para Todos” busca garantizar precios accesibles de masa y tortillas en comunidades de bajos ingresos. Diconsa compra grano crudo, paga a contratistas para convertirlo en harina y luego redistribuye el producto terminado a través de tiendas estatales. Funcionarios del gobierno argumentan que las adjudicaciones directas son a veces necesarias para asegurar el suministro ininterrumpido de un alimento que representa casi una tercera parte de la ingesta calórica nacional.
Este contrato reciente, sin embargo, supera ampliamente los gastos anuales previos y llega cuando el presupuesto del programa enfrenta revisión congresional. Legisladores de la oposición ya han solicitado que la Auditoría Superior del Estado examine la base legal del acuerdo.
Agricultores trazan una línea
Incluso antes de que la adjudicación se hiciera pública, productores de maíz en Sinaloa, Jalisco y Michoacán instalaron bloqueos carreteros rodantes exigiendo un precio piso garantizado. Los líderes de protesta sostienen que los costos de producción —diesel, fertilizantes y mano de obra— se han disparado más del 25 por ciento desde 2023 mientras el precio compuerta se estancó. Los manifestantes insisten en que subsidiar tortillas para consumidores con grano barato condena a los productores a operar con pérdidas.
“El dinero del gobierno va a los procesadores, no a los agricultores”, dijo Vicente Luna, representante del Frente Nacional del Maíz, mientras bloqueaba la carretera Mazatlán-Culiacán la semana pasada. “Somos el primer eslabón de la cadena, pero somos los únicos que asumimos el riesgo”.
La respuesta de la administración ha sido doble: ofrecer crédito a bajo interés a los agricultores mientras defiende el contrato Diconsa como una necesidad logística. Aún así, las conversaciones entre la Secretaría de Agricultura y los líderes de protesta se han estancado, y han comenzado a registrarse escaseces esporádicas de alimento para animales en estados occidentales debido a las disrupciones del transporte.
Cómo se justificó el contrato
En su memorando interno, Diconsa citó tres factores para omitir la licitación pública:
- Urgencia en reponer existencias de harina agotadas antes de la temporada navideña de diciembre.
- Capacidad limitada de molinos domésticos capaces de cumplir volumen y estándares de fortificación en menos de seis semanas.
- Prioridad de política declarada para mantener precios de tortillas por debajo de 20 pesos por kilogramo en centros urbanos.
Los analistas observan, sin embargo, que al menos otros dos procesadores grandes —Gruma y la Harinera de Cargill— poseen capacidad similar. Si se les contactó informalmente permanece sin esclarecer; Diconsa ha rechazado liberar correspondencia, citando cláusulas de confidencialidad.
Preocupaciones sobre conflicto de intereses
La ley mexicana permite adjudicaciones directas en casos específicos de urgencia, pero exige a los funcionarios documentar por qué ningún proveedor alternativo podría satisfacer la necesidad. Los defensores de la transparencia advierten que la concentración de contratos públicos en firmas vinculadas con iniciados políticos socava la confianza pública.
“La apariencia es terrible”, señaló Mariana Benítez, experta en compras públicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Una asesora presidencial gana un contrato masivo mientras el sector en el que asesora está literalmente en las calles protestando”.
Ni Gómez ni Minsa respondieron a cuestionarios escritos. En una breve declaración a El CEO, la empresa señaló que “cumple con todos los requisitos legales” y enfatizó que sus precios son “significativamente por debajo de promedios de mercado”, generando ahorros para programas sociales.
Protestas e impactos en la cadena de suministro
Los bloqueos carreteros ya han retrasado envíos de grano a ranchos ganaderos y cervecerías. La Cámara Nacional del Transporte Terrestre estima pérdidas diarias de 120 millones de pesos. Sin embargo, los líderes agrícolas insisten en mantener presión hasta que el gobierno establezca un precio piso nacional alineado con costos de producción.
Si el estancamiento se prolonga, advierten expertos en seguridad alimentaria, Diconsa podría enfrentar dificultades para trasladar maíz crudo y harina terminada a sus 300 almacenes regionales, una ironía no pasada por alto de los productores. “Pueden adjudicar todos los contratos que quieran”, dijo Luna, “pero sin nuestro grano, no hay harina que entregar”.
Un patrón más amplio
La adjudicación a Minsa no es un caso aislado. A principios de este año, la misma empresa aseguró contratos menores para suministrar harina fortificada a programas de desayunos escolares en Chiapas y Oaxaca, conforme a registros federales de compras. Aunque individualmente modestos, la serie sugiere preferencia por adjudicaciones directas recurrentes sobre licitaciones abiertas.
Juan Pablo Guerrero, excomisionado del instituto de acceso a información de México, argumenta que la práctica puede crear un ciclo de retroalimentación. “Una vez que una agencia declara un proveedor ‘estratégico’, repetidamente invoca urgencia para renovar contratos, efectivamente cerrando la puerta a competidores”.
Perspectivas futuras
Se espera que la Auditoría Superior del Estado decida en enero si investiga el acuerdo Diconsa-Minsa. Mientras tanto, el equipo de transición de Sheinbaum enfrenta el desafío de implementar su ambiciosa agenda antihambre sin alienar la base rural que entregó victorias electorales clave en 2024.
Para los agricultores, la pregunta inmediata es si el gobierno elevará los precios de apoyo en la temporada de siembra de 2026. Para los consumidores, la cuestión es si las tortillas permanecerán asequibles si prevalecen las demandas de productores. Y para Gómez, el contrato consolida su posición como una de las figuras más influyentes transitando entre las esferas pública y privada de México.
Actos de equilibrio
El episodio encapsula un dilema más amplio: cómo mantener alimentos básicos al alcance de los pobres urbanos mientras se asegura que los productores rurales ganen un sustento viable, todo bajo un sistema de compras que muchos perciben como susceptible al favoritismo. Lograr ese equilibrio, advierten los analistas, requerirá mayor transparencia en contrataciones, mecanismos más robustos de apoyo a precios y diálogo genuino entre hacedores de política, procesadores y quienes cultivan el maíz de México.
Fuentes
- https://emeequis.com/investigaciones/minsa-de-altagracia-gomez-recibe-contrato-de-346-mdp-del-gobierno-de-sheinbaum-mientras-campesinos-suplican-mejores-precios-del-maiz/
- https://politico.mx/2025/11/26/gobierno-adjudica-contrato-millonario-a-empresa-de-altagracia-gomez/
- https://elceo.com/negocios/altagracia-gomez-la-superasesora-de-la-4t-con-millonarios-contratos-por-el-maiz/
- https://elcongresista.mx/politica/nacional/gobierno-contrato-millones-empresa-altagracia-gomez/
