El 16 de diciembre de 2025, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, autoridades municipales, ministerios provinciales, legisladores nacionales y dirigentes del sector frutícola convocaron a un grupo de trabajo recién constituido para enfrentar el problema histórico del empleo informal en operaciones de producción, cosecha y empaque en el norte de Entre Ríos y sur de Corrientes.
La iniciativa, concebida y presidida por el Intendente de Concordia Francisco Azcué, reúne a funcionarios públicos y líderes del sector privado con un mandato único: elaborar recomendaciones concretas y consensuadas para el próximo debate nacional sobre reforma laboral en Argentina, con dos objetivos gemelos: proteger los derechos de los trabajadores y recuperar la competitividad de los agronegocios regionales.
En la sede municipal de Concordia participaron representantes del Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos, la Secretaría Provincial de Agricultura y Ganadería, la Cámara de Exportadores de Cítricos, la Federación de Citricultores de Entre Ríos, el Cluster de Pecán, la Asociación Regional de Viticultores y gobiernos municipales de La Criolla, Chajarí, Federación y Mocoretá. Se sumaron especialistas en derecho laboral y miembros del Congreso, lo que subraya el amplío respaldo político y técnico del plan.
Azcué, cuya administración impulsó el grupo de trabajo desde sus primeras semanas en funciones, enmarcó la reunión como una respuesta a lo que productores y empaquetadores describen como un status quo insostenible. “El entorno regulatorio actual desalienta la inversión, perjudica a los empleadores formales y, en última instancia, daña a los trabajadores”, señaló ante los participantes, según reportes de medios locales. El impulso del intendente hacia la mesa de trabajo para regular el empleo informal en el sector frutícola se hizo público a mediados de diciembre 7Paginas.
El Ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, respaldó esa preocupación. Sostuvo que aunque la provincia sigue siendo uno de los principales exportadores de cítricos del país, la mano de obra no registrada erosiona ingresos fiscales, reduce el acceso a protección social y socava a las empresas que cumplen la ley. “La formalización no es solo una obligación legal; es una condición necesaria para el crecimiento sostenible”, afirmó Bernaudo.
La dimensión regional emergió con fuerza durante la sesión. El Intendente de Mocoretá, Marcelo Tisocco, señaló que las actividades citrícula, pecera y vitivinícola trascienden el límite provincial, lo que significa que cualquier solución efectiva debe aplicarse en ambos lados de los ríos Uruguay y Miriñay. “El norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes enfrentan desafíos idénticos”, observó, advirtiendo que normas fragmentarias invitan al arbitraje regulatorio y perpetúan la informalidad.
El jurista Dr. Jorge Sosa ofreció un diagnóstico panorámico. Citando estadísticas nacionales, explicó que los trabajadores agrícolas temporales o estacionales frecuentemente permanecen fuera de nóminas porque los códigos laborales vigentes hacen costosa y burocráticamente compleja la contratación a corto plazo. Los empleadores, especialmente en huertos pequeños, absorben costos más altos u omiten el registro. Los trabajadores, mientras tanto, pierden acceso a seguro de salud, cobertura de accidentes y contribuciones para jubilación. “Lo que tenemos es una desalineación de incentivos”, explicó Sosa, elogiando la reunión de Concordia como “uno de los pocos ejemplos auténticos donde el sector público escucha los problemas reales del sector”.
Los participantes dedicaron varias horas a identificar obstáculos y delinear posibles soluciones. Entre las ideas presentadas figuraron:
• un sistema de registro simplificado para cosechadores estacionales que separe contribuciones de seguridad social de obligaciones de indemnización elevadas;
• esquemas de beneficios portátiles para que un cosechador que se traslada entre huertos mantenga cobertura sanitaria y de pensión;
• créditos fiscales o aportes patronales reducidos para empresas que demuestren nóminas 100 por ciento registradas; y
• inspecciones conjuntas entre ministerios laborales provinciales y autoridades fiscales federales para frenar la subnotificación de jornadas.
Aunque no se tomaron decisiones vinculantes, hubo acuerdo unánime en que las propuestas serán refinadas en las próximas semanas y entregadas a legisladores nacionales antes de las primeras audiencias parlamentarias sobre reforma laboral, previstas actualmente para principios de 2026. “Queremos que los legisladores entren al debate con soluciones funcionales, probadas en el terreno”, señaló Azcué.
¿Por qué ahora? Según representantes de la industria, el sector frutícola enfrenta una confluencia de presiones: costos de producción en alza, precios internacionales en caída y una población laboral que frecuentemente migra en busca de salarios sin registrar. El empleo no registrado, estimado por sindicatos locales en hasta un 40 por ciento de cosechadores estacionales en algunas zonas, también priva a las arcas provinciales de millones en impuestos sobre nóminas y aportes de seguridad social cada año. Con el gobierno nacional señalando su intención de modernizar normas laborales, actores provinciales ven una ventana rara para cambio sistémico.
El esfuerzo de Concordia no es el primer intento de formalizar el trabajo rural, pero los organizadores argumentan que su estructura—una mezcla equilibrada de líderes municipales, formuladores de políticas provinciales, productores, exportadores y expertos legales—podría ofrecer un modelo replicable. “Las mesas público-privadas que incorporan cada eslabón de la cadena pueden generar soluciones equilibradas”, afirmó Bernaudo, agregando que la provincia monitoreará programas piloto que emerjan del grupo de trabajo.
De cara al futuro, el grupo de trabajo planea dividirse en subcomisiones temáticas sobre registro, inspección, beneficios sociales e incentivos fiscales. Marcos preliminares circularán entre la comunidad más amplia de interesados, incluidos sindicatos y organismos de seguridad social, antes de una segunda sesión plenaria programada para finales de febrero. Una vez consolidado, el paquete de recomendaciones será remitido a la Comisión Laboral Nacional en el Congreso.
Análisis y contexto
El debate argentino sobre rigidez del mercado laboral tiene décadas de antigüedad, pero la aritmética política puede estar cambiando. La inflación elevada y una economía formal en contracción han puesto el costo del empleo oculto en el centro del escenario, mientras que nuevas administraciones en varias provincias, incluida Entre Ríos, anhelan demostrar gobernanza pragmática. Si el modelo de Concordia tiene éxito, podría servir como plantilla para otras regiones agroalimentarias que enfrentan dinámicas similares, notablemente en los viñedos de Mendoza y los cañaverales de Tucumán.
Sin embargo, desafíos acechan. Cualquier flexibilización regulatoria debe ganar a bloques parlamentarios cautelosos respecto a erosionar protecciones laborales, y debe tranquilizar a sindicatos de que la nueva flexibilidad no se traducirá en redes de contención más débiles. Para los empleadores, mientras tanto, la formalización depende de cumplimiento creíble: si solo una minoría soporta los costos del registro, el desequilibrio competitivo persistirá. El compromiso del grupo de trabajo con inspecciones conjuntas y beneficios portátiles sugiere conciencia de estos trade-offs, pero los detalles de implementación—financiamiento, capacidad administrativa y coordinación interprovincial—quedan por definirse.
Una métrica por la cual observadores juzgarán el éxito es la adopción por los trabajadores. Los esquemas de beneficios portátiles en América Latina frecuentemente fracasan cuando obstáculos administrativos desalientan la afiliación o cuando migrantes estacionales encuentran más fácil aceptar salarios en efectivo. Los planificadores de Concordia afirman que explorarán herramientas digitales para simplificar inscripción y seguimiento, un movimiento alineado con esfuerzos nacionales para modernizar plataformas de seguridad social.
Por ahora, la reunión de diciembre destaca como un raro momento de consenso en un panorama político polarizado. Al comprometerse con un calendario transparente y al involucrar desde el inicio el espectro completo de actores, el grupo de trabajo de Concordia ha ampliado, cuando menos, la conversación más allá de las líneas de falla laborales-empresariales tradicionales. Si ese consenso puede traducirse en ley viable se aclarará conforme se desarrolle la agenda legislativa de 2026.
Fuentes
- https://7paginas.com.ar/azcue-impulso-una-mesa-de-trabajo-para-avanzar-en-la-regulacion-del-trabajo-informal-en-el-sector-fruticola/
